La polémica que se desató tras la designación de Ana Inés Martínez en la Intendencia de Montevideo (IM) tuvo un nuevo capítulo: el intendente se vio obligado a dar marcha atrás. Francisco Zunino firmó una resolución que deja sin efecto el contrato de la polémica jerarca, reconociendo que se trató de una “reevaluación” de la situación.
La decisión llega apenas días después de que Bo TV Noticias expusiera los detalles del escándalo, incluyendo los vínculos políticos de Martínez y el rechazo que su designación generó incluso dentro del propio Frente Amplio. En su momento, Zunino había intentado justificar el nombramiento basándose en la “confianza técnica” y la supuesta trayectoria de la funcionaria. Sin embargo, la presión interna y el costo político terminaron siendo más fuertes.
El contrato original implicaba que Martínez asumiera un rol clave dentro del área de comunicación de la IM, con un salario superior a los $180.000. La designación encendió alarmas por la falta de antecedentes técnicos que justificaran semejante cargo. La oposición criticó la jugada como un acto de clientelismo político, mientras que desde filas frenteamplistas se escucharon también voces incómodas que hablaban de “errores políticos”.
Un golpe al relato de la gestión frenteamplista
Esta marcha atrás representa un duro golpe para la narrativa de gestión prolija y técnica que intenta sostener el Frente Amplio en plena campaña electoral. La falta de transparencia, el favoritismo político y ahora el reconocimiento implícito del error daña su imagen de cara a las elecciones municipales.
Zunino, al firmar la resolución, dejó claro que el episodio generó un impacto negativo. “Se reevaluó la situación a la luz de la repercusión pública”, señala el documento. En criollo: el escándalo fue tan grande que no hubo más remedio que bajarle el pulgar a Martínez.
Desde Bo TV Noticias ya se había advertido que este tipo de decisiones no pasan desapercibidas para una ciudadanía cada vez más atenta y crítica. El caso Ana Inés Martínez mostró los límites de la impunidad política incluso dentro del progresismo, que muchas veces se presenta como garante de ética y transparencia pero actúa con la misma lógica que tanto critica.
La presión funcionó
El retroceso también evidencia el peso de la opinión pública y de los medios. Las redes estallaron con mensajes de repudio a la designación, y las críticas no tardaron en llegar desde la oposición y desde sectores del propio FA. Esta vez, la Intendencia no pudo blindar a su jerarca aliada y tuvo que ceder.
El problema de fondo, sin embargo, sigue presente: ¿cuántos cargos similares existen en la estructura de la IM sin que se conozca públicamente? ¿Cuántos nombramientos se hacen por amiguismo o alineación política, más que por mérito?
Con esta decisión, el oficialismo intentó apagar un incendio, pero dejó en evidencia la fragilidad del discurso de meritocracia y transparencia que pretenden vender. El retroceso de Zunino no borra el intento inicial ni sus motivaciones. La ciudadanía ya tomó nota.
