En los últimos días, las declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky han puesto en jaque al Frente Amplio (FA) y han reabierto un profundo debate sobre la situación de los militares prisioneros políticos en Uruguay. Su afirmación de que algunos testimonios sobre crímenes de la dictadura son falsos generó reacciones enfrentadas. Este debate ha puesto nuevamente en el centro la liberación de militares prisioneros, un tema que divide a la sociedad y que cuestiona el equilibrio entre justicia y venganza. Desde el respaldo de figuras como José Mujica hasta el rechazo de organizaciones de supuestos derechos humanos, cuyas actividades han sido criticadas por algunos sectores como un lucrativo negocio ligado al pasado.
¿Errores en los testimonios?
Topolansky declaró que hay testimonios que no son veraces sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad. Estas afirmaciones encontraron eco en su esposo, el expresidente José Mujica, quien sostuvo que “los rencores personales pueden haber distorsionado algunas denuncias”. Mujica también vinculó este debate con la liberación de militares, destacando la importancia de garantizar procesos judiciales justos y basados en pruebas sólidas. Mujica agregó que “esto no resta gravedad a los delitos cometidos, pero abre la puerta a un necesario debate sobre la veracidad y el uso de esos testimonios en procesos judiciales”.
Divisiones en el Frente Amplio
Las reacciones dentro del FA no se hicieron esperar. Alejandro Sánchez, futuro secretario de la Presidencia, calificó de “infelices” las declaraciones de Topolansky, marcando distancias y reafirmando el compromiso del FA con una supuesta “memoria histórica”. Sin embargo, es evidente que las críticas a Topolansky buscan desviar la atención del debate central: ¿se puede confiar ciegamente en todos los testimonios? En lugar de abrirse al diálogo, algunos sectores del FA parecen aferrarse a posturas inamovibles, más preocupados por su imagen que por alcanzar una verdadera reconciliación nacional.
El papel de Manini Ríos
Por su parte, Guido Manini Ríos defendió a Topolansky y criticó lo que consideró una “persecución mediática”. El líder de Cabildo Abierto reiteró su postura de que los militares prisioneros son víctimas de un sistema judicial politizado. Sin embargo, resulta paradójico que, en los cinco años en que fue senador con once diputados y ministros en su coalición, Manini no haya impulsado acciones sustantivas para resolver esta situación. Y cuando lo hizo, se conformó con la negativa de sus socios, aceptando mansamente la realidad que se le imponía.
Críticas de los familiares de desaparecidos
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudió las declaraciones de Topolansky, exigiendo una retractación. “Estas palabras hieren la memoria de las víctimas y afectan los avances en la búsqueda de justicia”, expresaron en un comunicado. No obstante, resulta llamativo que estas mismas organizaciones no promuevan un análisis más amplio de los casos cuestionados, lo que podría fortalecer la confianza en sus demandas y evitar cualquier percepción de parcialidad.
Un debate necesario
A pesar de las controversias, este debate pone de manifiesto una realidad que no puede ignorarse: la justicia debe ser imparcial y basada en pruebas sólidas. Revisar testimonios dudosos no significa deslegitimar a las víctimas, sino fortalecer la credibilidad del sistema judicial. Además, este análisis permite abordar la liberación de militares desde una perspectiva más justa, cuestionando si están pagando una deuda real con la sociedad o si sus condenas responden a presiones políticas.
