Romina Celeste vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esta vez, no por sus provocadoras publicaciones en redes, sino por una denuncia gravísima que sacude los muros de la Unidad 22 de Rocha. Un joven recluso de 23 años la acusó formalmente de acoso y abuso sexual dentro del recinto carcelario. La denuncia incluye intentos de besos forzados y tocamientos sin consentimiento, hechos que, de comprobarse, configuran una situación de extrema gravedad en el sistema penitenciario.
Pero eso no es todo. Mientras la Fiscalía investiga estas acusaciones, en paralelo Romina Celeste publicó desde la cárcel una imagen de contenido erótico en la red social X, generando una ola de indignación por el acceso que aparentemente tiene a dispositivos móviles y redes sociales desde su celda. ¿Cómo es posible que una reclusa con antecedentes conflictivos maneje redes desde prisión? Esta es la pregunta que muchos se hacen, y que las autoridades parecen incapaces de responder.
Una reclusa con coronita
No es la primera vez que Romina Celeste Papasso genera polémica desde su lugar de reclusión. Fue trasladada ya varias veces por comportamientos violentos, amenazas y agresiones a funcionarios. Su historial incluye delitos de difamación, calumnias y asociación para delinquir. Aun así, pareciera gozar de un régimen especial: móviles, redes sociales y ahora denuncias por abuso.
En lugar de estar cumpliendo su condena como cualquier otro interno, Romina parece haber convertido la cárcel en un set de grabación personal. Su cuenta en X sigue activa, sube contenido sugestivo y mantiene presencia en el debate público. ¿Se trata de impunidad o de una estrategia mediática que le permiten sostener desde adentro?
La izquierda ciega y muda
Es llamativo cómo, en este caso, el progresismo pierde el interés en las víctimas y calla frente a una denuncia de abuso cometida por una mujer trans. El doble estándar es evidente: si el acusado fuera hombre y de derecha, la indignación ya habría copado las portadas y los discursos oficiales.
Investigar en serio o seguir simulando
El fiscal Federico Pion está a cargo de la investigación. Se ordenó la separación de ambos internos, se están revisando las cámaras de seguridad y tomando testimonios. Pero la gran pregunta es si realmente se va a investigar hasta las últimas consecuencias o si el caso quedará, como tantos otros, diluido entre burocracia y silencios cómplices.
La situación en la Unidad 22 no solo expone una denuncia de abuso, sino también las grietas profundas en el sistema penitenciario, la desigualdad en el trato entre reclusos y, sobre todo, la hipocresía de un sector político que solo condena cuando le conviene.
