El senador Javier García, el más votado del Partido Nacional, encendió todas las alarmas al denunciar públicamente la existencia de un “Partido Fiscal”, una estructura paralela de poder dentro del Ministerio Público, creada y apadrinada por el exfiscal de Corte Jorge Díaz. Con palabras duras pero certeras, García puso sobre la mesa una verdad que muchos prefieren ignorar: la justicia también puede ser cooptada.
“Se resisten a perder sus operaciones mediáticas”, afirmó, refiriéndose a la resistencia del gremio de fiscales a los cambios introducidos por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Y lo que algunos quieren disfrazar como reclamos gremiales, en realidad son maniobras para mantener un entramado de influencias que funcionó durante años con total impunidad.
Un poder oculto e ilegal
García fue contundente al decir que “todos sabíamos que había un poder oculto, ilegal” operando dentro de la Fiscalía. Esa estructura, según sus palabras, manejaba hilos con fines políticos, impulsando investigaciones y filtraciones con claros fines mediáticos para afectar adversarios y proteger aliados.
Es un escándalo institucional que pone en juego el principio de separación de poderes. Si hay operadores políticos disfrazados de fiscales, entonces la democracia está en jaque. Y mientras tanto, el Frente Amplio guarda silencio, cómplice por omisión.
Resistencia al cambio
La actual fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, ha intentado cortar con esos vicios. Su decisión de eliminar privilegios, revisar licencias injustificadas y poner límites a la utilización de recursos estatales desató la furia del gremio. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) declaró un conflicto y amenaza con paralizar funciones clave.
Pero García lo dejó claro: lo que se está jugando no es un tema laboral. Es una lucha entre institucionalidad democrática y una mafia con toga. “Es un tema de democracia o de poderes ilegales”, sentenció.
Un sistema judicial cuestionado
No es la primera vez que la Fiscalía está en el centro de la polémica. En los últimos años, varios procesos judiciales han estado rodeados de filtraciones selectivas, presión mediática y decisiones sospechosas. Todo esto alimenta la percepción de que hay fiscales que no actúan en función de la ley, sino de sus intereses y contactos.
La valentía de García en denunciar este entramado debe ser destacada. No todos se animan a enfrentar al aparato judicial desde adentro del sistema. Y su mensaje es claro: sin justicia imparcial, no hay república.
