El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta un nuevo capítulo judicial tras emitirse una orden de aprehensión en su contra. La fiscalía boliviana, además, ha solicitado seis meses de prisión preventiva, argumentando que existe riesgo de fuga y obstaculización de la investigación en curso.
El caso se centra en acusaciones graves que podrían marcar un antes y un después en la carrera política de Morales, quien gobernó Bolivia por más de una década y cuya gestión estuvo marcada por polémicas, incluyendo denuncias de fraude electoral y violaciones a los derechos humanos. Aunque Morales ha negado repetidamente las acusaciones en su contra, los fiscales sostienen que hay elementos suficientes para justificar la medida de prisión preventiva.
La orden de aprehensión y la solicitud de prisión preventiva llegan en un contexto político sensible para Bolivia, donde las divisiones entre partidarios y detractores de Morales siguen siendo profundas. Para sus seguidores, el expresidente es víctima de una persecución política; para sus críticos, esta medida es un paso necesario hacia la justicia y la rendición de cuentas por su accionar durante su mandato.
Además, este caso pone de relieve los desafíos que enfrenta Bolivia en su sistema judicial, una institución que Evo Morales infiltró y utilizó para sesgar a su favor durante su mandato. Ahora, Morales es requerido por la misma justicia que contribuyó a debilitar, convirtiendo este episodio en un enfrentamiento de izquierda contra izquierda, donde las contradicciones del modelo político que representó quedan expuestas.
