La Fiscalía General de la Nación atraviesa una de sus peores crisis internas. La fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, intenta poner orden en una institución marcada por filtraciones, favoritismos y una fuerte politización. Sin embargo, lejos de encontrar apoyo, ha despertado una rebelión de fiscales que ven amenazados sus privilegios históricos y su impunidad operativa.
El caos disfrazado de legalidad
Durante años, la Fiscalía se convirtió en tierra de nadie. Filtraciones a la prensa, expedientes manipulados, decisiones sesgadas según la conveniencia política del momento y una estructura gremial más preocupada por sus licencias y subrogaciones que por la justicia. En ese contexto, Ferrero empezó a ordenar el gallinero. Y los gallos cacarearon.
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), lejos de preocuparse por mejorar la transparencia, se lanzó a una ofensiva contra Ferrero. Denuncian que les recortan derechos, cuando en realidad se están restringiendo excesos: licencias eternas, cobros indebidos por suplencias y ausencia total de control sobre los fiscales del interior.
Perciballe, la voz del gremio privilegiado
Uno de los voceros de esta cruzada contra la fiscal Ferrero ha sido el fiscal Ricardo Perciballe, quien se ha dedicado a denunciar que sus “derechos adquiridos” están siendo atropellados. ¿A qué derechos se refiere? Al uso libre y sin controles de licencias, a cobrar por subrogaciones que nadie fiscaliza y a mantener una estructura cerrada donde el gremio hace y deshace a su gusto.
Perciballe critica además que Ferrero no respalde a los fiscales ante las críticas políticas. Pero se olvida que buena parte de esas críticas provienen de actuaciones parcializadas, como la imputación exprés al exintendente Besozzi, que huele más a operación política que a justicia genuina.
Filtraciones, sesgos y falta de transparencia
Uno de los puntos que más molesta a los fiscales es la decisión de Ferrero de prohibir la difusión de los pedidos de formalización antes de ser tratados por la Justicia. Medida lógica en cualquier sistema serio, pero que en Uruguay parece revolucionaria. La transparencia no pasa por filtrar documentos a la prensa para generar titulares, sino por actuar con seriedad y profesionalismo.
Ferrero intenta que la Fiscalía deje de ser una usina de filtraciones funcional a intereses partidarios y mediáticos. ¿Quién se beneficia cuando los pedidos de formalización se publican antes que lo sepa el imputado? ¿Quién filtra, si no son los fiscales? ¿Quién controla?
Una jerarquía que incomoda
Lo que está en juego no es solo una interna burocrática. Lo que se está disputando es quién manda en la Fiscalía. Ferrero, como autoridad, intenta ejercer su rol. El gremio, acostumbrado al desorden, la acusa de autoritaria. Pero cuando los fiscales se arrogan el derecho de decidir qué es público y qué no, cuándo se investiga y cuándo no, quién debe caer y quién no, entonces estamos ante un poder paralelo.
La AMFU quiere seguir operando sin control, sin jerarquía y con la protección de un relato de independencia que en los hechos sirve para garantizar impunidad dentro de la institución. Ferrero, con todos sus límites, está intentando cortar con esos vicios. Por eso la quieren afuera.
¿Justicia o militancia judicial?
Lo que está ocurriendo en la Fiscalía es una muestra más de cómo parte del sistema judicial ha sido cooptado por una lógica de militancia ideológica. Muchos fiscales operan como activistas disfrazados, más atentos al impacto mediático que a la evidencia. Y ahora que alguien les pone freno, reaccionan.
La interna estalló, y la fiscal de Corte interina queda en el medio de una batalla donde el poder gremial no quiere soltar sus privilegios. Pero si la idea es tener una justicia seria, profesional y transparente, lo primero que hay que hacer es poner orden. Aunque eso moleste.
