El sindicalismo radical vuelve a salirse con la suya. El nuevo ministro de Trabajo, Juan Castillo, dirigente del Partido Comunista, está ultimando un decreto que dejará las ocupaciones de los lugares de trabajo prácticamente legalizadas. Una jugada que en cualquier país serio sería considerada un delito, en Uruguay —gracias a la influencia de la izquierda más dura del Frente Amplio— se transforma en política pública.
Un texto nefasto que será implementado
El texto que prepara el Ministerio de Trabajo establece que las ocupaciones pasarán a ser reconocidas como una modalidad legítima del derecho de huelga, siempre y cuando no se impida el acceso al lugar a empresarios, jerarcas u otros trabajadores que no estén adheridos a la medida. Es decir, podrán tomar una empresa y quedarse ahí, mientras digan que no bloquearon el paso. Un verdadero despropósito jurídico con olor a revancha ideológica.
Castillo, ex secretario general del Partido Comunista y eterno referente del PIT-CNT, no oculta su intención de proteger a los sindicatos por encima de todo. Desde que asumió, su discurso ha sido claro: volver a las políticas laborales del FA más radical. Y ahora, con este decreto, cumple con ese mandato partidario sin importar el costo para la actividad económica, la inversión privada o los derechos de los empleadores.
La respuesta de los empresarios
El empresariado, por su parte, ya encendió las alarmas. Varios actores del sector privado han señalado que esta medida atenta contra la seguridad jurídica y desalienta la inversión. ¿Quién va a querer instalar una empresa en un país donde pueden ocuparle el local y el gobierno lo considera normal? ¿Cómo se puede trabajar, producir o crecer en un entorno donde el Estado legaliza el caos sindical?
Este decreto no es solo una decisión técnica. Es un gesto político de Orsi hacia su base más ideológica, un guiño a los sindicatos que lo apoyaron y un mensaje a los empresarios: ahora mandamos nosotros. Y eso se nota.
Mientras tanto, los uruguayos que sí trabajan, los que quieren progresar sin ser rehenes de un comité de base, miran cómo se institucionaliza el atropello. Una vez más, la izquierda regala poder a sus amigos y hace retroceder al país años en derechos, inversión y libertad laboral.
