En los últimos meses, se ha intensificado el clima de tensión en torno a la mutualista CASMU, una de las instituciones más relevantes del sistema de salud uruguayo. Diversos actores han denunciado una campaña de hostigamiento que amenaza la estabilidad de la entidad y, por extensión, el bienestar de miles de usuarios que dependen de sus servicios. Las recientes decisiones administrativas y políticas han colocado a CASMU en el centro de una tormenta mediática que, según analistas, podría estar motivada por intereses ajenos a la salud de la población.
Demoras que afectan a los usuarios
El hostigamiento se manifiesta en la demora deliberada de aprobaciones clave por parte de las autoridades. La mutualista ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por las demoras en la liberación de fondos garantizados, que complican el acceso a recursos esenciales. En notas anteriores, como la publicada por BOTV Noticias sobre los “fondos garantizados”, se detalla cómo esta dilación impacta directamente en la capacidad de CASMU para cumplir con sus compromisos y mantener la calidad de sus servicios (ver nota aquí).
Además, un informe posterior reafirma que estas demoras podrían responder a estrategias para debilitar la gestión actual y abrir la puerta a otras propuestas de administración (ver más detalles).
Intervenciones y denuncias de parcialidad
La situación adquiere mayor gravedad cuando se consideran las acciones de la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y el MSP, cuyas decisiones han sido señaladas como desproporcionadas y dirigidas a desestabilizar a la directiva actual de CASMU. Críticos de estas acciones señalan que los mismos actores que están siendo cuestionados por su rol en administraciones anteriores hoy ocupan posiciones clave en los órganos de supervisión.
Un ejemplo relevante es el de la contratación de los sistemas informáticos “Florence” y “Rayen” durante la gestión previa, bajo la responsabilidad directa del Dr. Daniel Salinas como gerente de Recursos Materiales, actuando bajo el mandato del Dr. Gustavo Bogliaccini, a quien posteriormente lo designó como integrante de la Junta Nacional de Salud (JUNASA). Estos contratos, que insumieron una inversión de millones de dólares, fueron cuestionados por un informe de auditoría que detectó graves deficiencias en su planificación y ejecución. Según el informe, estos sistemas presentaban fallas significativas, como la incapacidad de enviar historias clínicas electrónicas sin pasar por procesos manuales ineficientes.
A pesar de estos hallazgos, las irregularidades no recibieron la misma atención de las autoridades de control en ese momento, como el MSP y la JUNASA, que parecen hoy enfocarse exclusivamente en la gestión actual de CASMU. Estas omisiones refuerzan la percepción de parcialidad en el trato hacia la mutualista y su directiva vigente.
Un llamado a la transparencia y el diálogo
Ante este panorama, es fundamental que el debate sobre la situación de CASMU se desarrolle con total transparencia y alejándose de intereses particulares. La salud de miles de uruguayos no puede ser rehén de disputas políticas ni de estrategias de desgaste.
El futuro de CASMU está en juego, y con él, la garantía de acceso a servicios de calidad para miles de familias uruguayas.
