En los últimos días, ha surgido una controversia en torno al posible nombramiento de Carlos Negro, actual fiscal de homicidios, como ministro del Interior en el futuro gobierno de Yamandú Orsi. Las declaraciones de Negro sobre la reinserción de homicidas en la sociedad han generado preocupación y debate en diversos sectores.
En una entrevista concedida en abril de 2024, Negro expresó que no todos los homicidas presentan patologías psiquiátricas, sino que, en muchos casos, sus acciones están influenciadas por historias de vida marcadas por abusos y dolores pasados. Según él, factores como la formación y experiencias traumáticas juegan un rol significativo en la conducta criminal.
Estas afirmaciones han sido interpretadas por algunos como una postura indulgente hacia los delincuentes, lo que ha encendido las alarmas sobre las políticas de seguridad que podría implementar el próximo gobierno. La posibilidad de que un funcionario con esta visión asuma la cartera del Interior ha sido recibida con escepticismo, especialmente entre quienes consideran que Uruguay necesita medidas más firmes y contundentes contra el crimen.
Por otro lado, defensores de Negro argumentan que su postura busca abordar las causas profundas de la criminalidad y promover soluciones integrales que reduzcan la reincidencia delictiva. Sin embargo, esta visión parece chocar con la percepción de inseguridad que afecta a buena parte de la ciudadanía, que exige respuestas inmediatas y efectivas.
La eventual designación de Carlos Negro como ministro del Interior es un alarmante indicador del rumbo que podría tomar el próximo gobierno. Su discurso, que parece más preocupado por justificar a los delincuentes que por proteger a los ciudadanos, revela una preocupante falta de firmeza en la lucha contra el crimen. Este “frutillita” adorador de delincuentes no es lo que Uruguay necesita en un contexto donde la inseguridad ya es insostenible. Priorizar la reinserción de homicidas sobre medidas reales para combatir el delito sería un insulto a las víctimas y una traición a la confianza de la ciudadanía.
