Recientemente, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó penas de hasta 15 años de prisión para nueve militares acusados de torturas durante la dictadura. Este hecho ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, que cuestionan la falta de pruebas contundentes y la posible parcialidad de una fiscalía conformada bajo la influencia de Jorge Díaz.
Procesamientos sin pruebas sólidas
Las acusaciones se basan en hechos ocurridos hace más de cuatro décadas, lo que dificulta la obtención de evidencias claras y testimonios fiables. La ausencia de pruebas contundentes plantea dudas sobre la legitimidad de los procesamientos y sugiere que podrían estar motivados por una agenda política más que por la búsqueda de justicia.
Fiscalía bajo sospecha de parcialidad
La fiscalía encargada de estos casos fue estructurada durante la gestión de Jorge Díaz, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su imparcialidad. La percepción de una fiscalía partidizada socava la confianza en el sistema judicial y alimenta la idea de que estos procesamientos responden a una sed de venganza política, en lugar de a una auténtica búsqueda de justicia.
Consecuencias para la democracia y el estado de derecho
La utilización del sistema judicial para perseguir a personas por hechos del pasado sin pruebas sólidas sienta un precedente peligroso. Este enfoque no solo amenaza los principios fundamentales del estado de derecho, sino que también polariza aún más a la sociedad, dificultando la reconciliación y el entendimiento mutuo.
Necesidad de una justicia imparcial y basada en evidencias
Es fundamental que el sistema judicial actúe con imparcialidad y se base en evidencias concretas al procesar casos relacionados con el pasado reciente del país. Solo así se garantizará que la justicia no sea utilizada como herramienta de venganza política y se fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
