El Parlamento uruguayo se encuentra en el centro de una polémica tras la propuesta de la diputada Nicolle Salle, del partido Identidad Soberana, de crear una comisión preinvestigadora para analizar la gestión de la pandemia de COVID-19 en el país. Esta iniciativa busca indagar en profundidad las decisiones adoptadas por el gobierno durante la emergencia sanitaria, con especial énfasis en los contratos de adquisición de vacunas y la transparencia en su gestión.
La propuesta de Nicolle Salle
El 18 de marzo de 2025, Nicolle Salle presentó un proyecto de resolución solicitando la creación de una comisión preinvestigadora que analice la gestión de la pandemia en Uruguay. La diputada expresó su preocupación por la falta de transparencia en las decisiones gubernamentales relacionadas con la crisis sanitaria, incluyendo la adquisición de vacunas y la supervisión de posibles efectos adversos. Según Salle, es fundamental esclarecer todas las medidas adoptadas desde el inicio hasta el final de la pandemia, abarcando tanto la inoculación como la farmacovigilancia.
Integración de la comisión preinvestigadora
La moción será evaluada por una comisión integrada por tres diputados: Pablo Abdala del Partido Nacional, Federico Preve del Frente Amplio y Gustavo Salle, padre de la impulsora y también miembro de Identidad Soberana. Esta comisión tendrá 48 horas para presentar un informe a la Cámara de Representantes recomendando la formación o no de una comisión investigadora.
Antecedentes y controversias
La gestión de la pandemia en Uruguay ha sido objeto de debate desde sus inicios. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la confidencialidad de los contratos firmados con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas. En febrero de 2021, el Poder Ejecutivo clasificó como confidenciales todos los documentos relacionados con estas negociaciones, amparándose en la Ley N° 18.381 sobre acceso a la información pública. Esta decisión generó críticas y solicitudes de mayor transparencia por parte de diversos sectores de la sociedad.
Además, a nivel internacional, ha habido litigios similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) fue obligada por un juez federal a publicar los documentos utilizados para aprobar las vacunas de Pfizer, destacando la importancia del acceso público a esta información.
