El concepto de “desprisionalizar” ha cobrado relevancia tras las declaraciones del futuro ministro del Interior, Carlos Negro, quien intentó justificar esta polémica propuesta como parte de una estrategia para mejorar la seguridad en Uruguay. Sin embargo, detrás de este término se oculta una preocupante continuidad de las políticas que durante 15 años destruyeron la seguridad pública, beneficiando a los delincuentes y dejando a la ciudadanía a merced del crimen.
Según Negro, “desprisionalizar” no significa liberar masivamente a personas de las cárceles, sino generar medidas alternativas a la prisión para ciertos casos. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas propuestas suelen derivar en un debilitamiento del sistema judicial y un aumento de la impunidad. Durante los gobiernos del Frente Amplio, se implementaron medidas similares que llevaron a una liberación indiscriminada de reclusos, contribuyendo al deterioro de la seguridad que aún padecemos.
La preocupación aumenta al considerar que esta idea cuenta con el apoyo de figuras como Diego Sanjurjo, principal asesor en seguridad del actual gobierno, quien también se muestra dispuesto a colaborar con un eventual Ministerio del Interior liderado por Yamandú Orsi. Sanjurjo, lejos de representar una alternativa firme contra el delito, parece alinearse con las mismas políticas que beneficiaron a los delincuentes durante los años de gestión frenteamplista. Su postura demuestra una preocupante falta de compromiso con la lucha contra el crimen y genera dudas sobre su rol en un gobierno que supuestamente representa un cambio.
La “desprisionalización” no es más que un intento de maquillar la permisividad hacia el delito. En lugar de fortalecer las instituciones y garantizar que los delincuentes cumplan sus penas, estas medidas envían un mensaje de debilidad que solo alienta a quienes eligen el camino de la ilegalidad. Uruguay necesita un sistema judicial firme que priorice a las víctimas y no a los victimarios, algo que estas propuestas parecen ignorar deliberadamente.
Es importante recordar que el Frente Amplio, durante sus 15 años en el poder, dejó un legado desastroso en materia de seguridad. Desde la liberación masiva de reclusos hasta la falta de apoyo a las fuerzas del orden, estas políticas sembraron el caos en el país. Ahora, bajo una coalición que prometió un cambio, sorprende que se sigan promoviendo ideas que benefician a los delincuentes en lugar de proteger a los ciudadanos.
