El exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, se encuentra en el ojo de la tormenta tras declarar como indagado ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. La investigación se centra en la atención irregular brindada a un civil en el Hospital Policial durante su gestión como director general de Secretaría en el Ministerio del Interior, entre 2013 y 2017. Este episodio pone en tela de juicio la ética y transparencia de quienes, desde la izquierda, pregonan valores que parecen no practicar.
Un civil en el Hospital Policial: el inicio del escándalo
En 2012, Víctor Hernández, un albañil de La Paloma, quedó parapléjico tras recibir un disparo, presuntamente proveniente de una fiesta en la casa de un subcomisario local. Lejos de seguir los procedimientos legales, Carrera ordenó su internación en el Hospital Policial, reservado exclusivamente para funcionarios y sus familiares directos. Además, se le otorgaron $20.000 mensuales en tickets de alimentación durante casi cuatro años, sumando un total de $720.000. Estas decisiones, carentes de sustento legal, evidencian un manejo discrecional de los recursos públicos.
La justicia toma cartas en el asunto
La fiscal Silvia Porteiro, encargada del caso, solicitó en septiembre de 2024 el desafuero de Carrera para avanzar en la investigación por presunto abuso de funciones. Ante la inminente votación parlamentaria, el exsenador optó por renunciar a su banca, intentando quizás evadir el escrutinio público y judicial. Sin embargo, la justicia continúa su curso, y Carrera ha tenido que presentarse a declarar, enfrentando las consecuencias de sus actos.
La defensa de Carrera: ¿justificación o excusa?
El exlegislador argumenta que su intervención en el caso de Hernández fue una respuesta humanitaria ante un “reprochable hecho” que involucraba a funcionarios policiales. Sin embargo, esta versión contrasta con grabaciones divulgadas en medios, donde Carrera parece más preocupado por mantener el asunto en secreto que por la justicia para la víctima. Estas contradicciones siembran dudas sobre la veracidad de sus declaraciones y la integridad de sus acciones.
Implicaciones políticas y éticas
Este caso no solo expone las posibles ilegalidades cometidas por Carrera, sino que también refleja una cultura de encubrimiento y manejo arbitrario de recursos en sectores vinculados al Movimiento de Participación Popular (MPP) y al Frente Amplio. La ciudadanía merece representantes que actúen con transparencia y rectitud, y situaciones como esta erosionan la confianza en las instituciones y en quienes las dirigen.
El camino hacia la verdad
Mientras la investigación avanza, es fundamental que la justicia actúe con celeridad y firmeza. Los uruguayos tienen derecho a conocer la verdad y a que se sancione a quienes, amparados en cargos públicos, abusan de su poder para beneficios personales o para proteger a sus allegados. Este caso debe servir como llamado de atención sobre la importancia de la ética en la función pública y la necesidad de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
