Mientras continúa la incertidumbre en torno a la situación de CASMU, uno de los principales prestadores de salud del Uruguay, se reaviva el debate sobre la ejecución del Fondo de Garantía aprobado por el Parlamento. La mutualista, que atiende a más de 175.000 personas y emplea a 7.000 trabajadores, espera desde hace semanas que el Ministerio de Economía y Finanzas habilite el acceso a una garantía de 23 millones de dólares, parte de un fondo más amplio de 54 millones destinado a dar respaldo financiero transitorio a las instituciones del sector.
Lejos de tratarse de un aporte a fondo perdido o un “salvataje”, se trata de una herramienta financiera que permite respaldar operaciones de crédito, asegurando la continuidad de servicios y el cumplimiento de obligaciones salariales y contractuales. En este contexto, la viabilidad de CASMU ha sido reafirmada por diversos actores del sistema de salud, quienes destacan que, a diferencia de otras instituciones que fueron liquidadas, CASMU mantiene una gestión operativa activa y una cartera de usuarios consolidada.
Un fondo de garantía tres veces aprobado
El acceso de CASMU al Fondo de Garantía cuenta con un respaldo legal contundente, no de una, sino de tres leyes distintas. La primera fue la ley general que creó el propio Fondo de Garantía, votada con amplio consenso en el Parlamento. Posteriormente, hacia el final del gobierno de Luis Lacalle Pou, se aprobó una ley específica para contemplar la situación particular de CASMU. Finalmente, ya bajo la administración de Yamandú Orsi, se sancionó una nueva ley, también con mayorías aplastantes y respaldo de todos los partidos políticos, que vuelve a ratificar el acceso de la mutualista al Fondo.
Falta de definiciones
No obstante, la falta de definiciones por parte del Poder Ejecutivo mantiene en vilo a miles de familias. La resolución que permitiría acceder a la garantía está actualmente en manos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien aún no ha emitido una decisión formal. La ausencia de comunicación oficial alimenta la incertidumbre y dificulta la planificación institucional de CASMU. En este contexto, el silencio del ministro Gabriel Oddone se vuelve particularmente desconcertante. Pese a contar con el respaldo de tres leyes y el aval parlamentario casi unánime, el jerarca mantiene congelada una decisión clave para el futuro de una mutualista centenaria. Desde distintos sectores del sistema político y de la salud se empieza a cuestionar si su actitud es reflejo de desinterés, falta de liderazgo o simples trabas burocráticas, que en este caso podrían tener consecuencias sociales graves. La falta de explicaciones públicas y la inacción prolongada generan la sensación de que Oddone sigue la misma línea de inercia que su antecesora, Azucena Arbeleche, postergando indefinidamente una definición que ya no admite más demoras.
No es solo el fondo de garantia
A esta situación se suma un dato clave: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mantiene una deuda con CASMU cercana a los 500 millones de pesos. Este monto, que responde a servicios brindados y facturados, representa una presión adicional sobre la liquidez de la institución y subraya la necesidad de destrabar mecanismos que le permitan acceder a herramientas de financiación urgentes.
Nada de subsidios
Desde CASMU se insiste en que la mutualista no está solicitando subsidios ni transferencias discrecionales, sino simplemente la posibilidad de operar con garantías que le permitan responder con los recursos que genera a través de su propia actividad. La clave, insisten, está en destrabar los mecanismos previstos por la ley para evitar un deterioro mayor.
El tiempo corre, y las demoras en la ejecución de lo ya aprobado generan preocupación no solo en CASMU, sino en el conjunto del sistema de salud. La estabilidad de una institución que forma parte del entramado histórico de la medicina uruguaya depende ahora de una decisión administrativa. El respaldo legal está. La necesidad también. Falta voluntad ejecutiva.
