En la madrugada del lunes, el barrio Cotravi, en la zona de Cerro Norte, fue escenario de una nueva masacre que confirma lo que muchos vecinos ya saben pero nadie del gobierno se atreve a admitir: el narcotráfico tomó el control de las calles y el Estado está completamente ausente. Dos hombres en moto se detuvieron frente a una vivienda, abrieron fuego sin piedad y dejaron un saldo de dos muertos y dos heridos graves. El ataque, según trascendió, no fue aleatorio: iba dirigido a una familia vinculada al narcotráfico, lo que evidencia cómo las guerras entre bandas se libran a plena luz y sin obstáculos.
Una ejecución a sangre fría
Los detalles del ataque estremecen. Los sicarios llegaron de madrugada, dispararon más de una decena de veces contra una casa precaria y huyeron sin dejar rastro. Las víctimas mortales fueron dos hombres de 43 y 42 años. Además, resultaron heridas una mujer y una adolescente de 16 años. La saña y precisión con la que se ejecutó el ataque sólo puede describirse como una ejecución planificada.
Lo que más alarma es la normalización de este tipo de actos. El Cerro ya se ha convertido en zona liberada donde la ley del miedo reemplazó al código penal. Nadie se anima a declarar, y los vecinos viven entre el silencio y el terror. ¿Y el Ministerio del Interior? Bien, gracias.
El narcotráfico manda
No es un hecho aislado. En paralelo, se conoció otro episodio que ilustra aún más el nivel de degradación al que se ha llegado: una familia fue denunciada por haber entregado a su hija menor de edad como “pago” a una banda de narcos. ¿Dónde está el MIDES? ¿Dónde están los organismos de protección de la infancia? Parece que los derechos sólo se defienden cuando no incomodan a la izquierda.
Y como si fuera poco, otro cadáver apareció flotando en una zanja en Las Piedras. Una “muerte dudosa” según la policía, que cada vez parece tener menos certezas y más cuerpos que recoger.
Orsi y la izquierda: cómplices por omisión
Mientras esto ocurre, el Presidente Yamandú Orsi sigue paseando por el país con promesas vacías. Habla de seguridad con tono calmo, como si no fuese parte de un sistema político que durante años permitió que las bandas se instalaran y crecieran en barrios enteros. El relato de la izquierda sobre la inclusión social y los derechos humanos se cae a pedazos cuando las balas atraviesan casas y matan gente.
Montevideo sangra, y el progresismo mira para otro lado. La seguridad, que debería ser un derecho básico, se transformó en una ruleta rusa para quienes viven en zonas tomadas por el narco. Pero mientras los discursos de sensibilidad social inundan los actos de campaña, en el Cerro se apilan cuerpos y se multiplican los velorios.
