La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos ha puesto la lupa sobre posibles irregularidades en la gestión del caso Sebastián Marset. Se investiga si hubo ocultamiento de información y destrucción de documentos relacionados con la entrega del pasaporte al narcotraficante, una situación que ya había dejado en evidencia la fragilidad institucional bajo el mando de Luis Lacalle Pou
Investigación en curso
El fiscal Alejandro Machado envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando información concreta sobre la posible eliminación de chats y documentos vinculados al caso Marset. Esta nueva fase en la investigación apunta a determinar si hubo una maniobra deliberada desde el interior del Estado para proteger a quienes facilitaron la documentación al narcotraficante, permitiéndole fugarse sin mayores inconvenientes. ¿Descuido? ¿Complicidad? Son preguntas que la Fiscalía intenta responder.
Renuncias y polémicas
Este escándalo ya provocó una ola de renuncias dentro del oficialismo: Francisco Bustillo (canciller), Guillermo Maciel (viceministro del Interior), Roberto Lafluf (asesor presidencial) y Carolina Ache (viceministra de Relaciones Exteriores) dejaron sus cargos tras las primeras filtraciones. Todos implicados en el oscuro proceso de otorgamiento del pasaporte. Lo que parecía una simple desprolijidad burocrática terminó mostrando un entramado de chats borrados, documentos ocultos y reuniones a puertas cerradas.
Sigue acumulando capítulos
A pesar del avance de la investigación, desde el gobierno actual poco se ha dicho. La Cancillería se limitó a confirmar la recepción del oficio fiscal y a informar que responderá en tiempo y forma. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Quién borró los chats? ¿Dónde están los documentos destruidos? ¿Qué sabía exactamente cada uno de los renunciados? Y lo más importante: ¿habrá consecuencias reales o todo quedará, como tantas veces, en el olvido?
