A menos de un mes de iniciado el nuevo gobierno del Frente Amplio, ya han surgido escándalos que ponen en duda los criterios de selección de sus jerarcas. En esta ocasión, el director designado para el Centro de Comando Unificado de la Policía, clave en la seguridad pública, no podrá asumir su cargo debido a que está siendo investigado por un caso penal.
Un nombramiento que duró poco
El caso explotó cuando se supo que el funcionario designado estaba bajo indagatoria por la Fiscalía. Si bien no se han revelado detalles específicos del caso, la situación generó una ola de críticas por la falta de rigurosidad en la selección de figuras para cargos de alta responsabilidad. Desde la oposición, se han encendido las alarmas, señalando que esto es solo el principio de lo que podría ser una gestión marcada por la falta de transparencia.
¿Quién controla los nombramientos?
El episodio deja en evidencia serias falencias en los mecanismos de selección del gobierno de Yamandú Orsi. ¿No se verifican antecedentes antes de hacer designaciones? ¿Cómo es posible que alguien bajo investigación penal sea considerado para un puesto de tanta importancia? Son preguntas que aún no han encontrado respuesta por parte del oficialismo.
Reacciones y críticas
Desde la oposición, el escándalo ha sido calificado como un “grave error político” y un signo preocupante del tipo de administración que puede esperarse. Varios legisladores han exigido explicaciones y han solicitado garantías de que no se repitan casos similares en futuras designaciones.
Primer mes, primer escándalo
El Frente Amplio ha intentado minimizar el tema, asegurando que se trató de un caso aislado. Sin embargo, este episodio ensombrece el arranque del gobierno de Orsi y siembra dudas sobre la seriedad de su administración en lo que respecta a la seguridad y la transparencia en los nombramientos. ¿Cuántos más de sus designados podrían estar involucrados en situaciones irregulares?
