La Fiscalía General de la Nación emitió un pronunciamiento clave respecto a la gestión de CASMU, en el que descarta la existencia de conductas delictivas que ameriten una denuncia penal. Este informe, solicitado por la entonces ministra de Salud Pública, Karina Rando, y que recién ahora sale a la luz, pone en tela de juicio la base argumental de la intervención aplicada a la mutualista.
En el documento oficial, la Fiscalía informó que, tras analizar el informe de la Comisión Interventora de CASMU-IAMPP, se constató una serie de “fortalezas y debilidades” en la gestión de la institución, pero no se identificaron elementos que fundamenten la presentación de una denuncia penal. Este hallazgo desarma la narrativa que, durante meses, se utilizó para justificar la intervención y las restricciones impuestas a la mutualista, incluyendo la negativa a habilitar el acceso al Fondo de Garantía que se expresó con un prolongado silencio del gobierno saliente, a pesar de la exigencia legal que deriva de la votación parlamentaria por unanimidad.
Ocultamiento de la respuesta de Fiscalía
La solicitud de informe fue realizada por la entonces ministra de Salud, Karina Rando. Sin embargo, al recibir una respuesta que no respaldaba sus acusaciones implícitas, el documento no fue divulgado. Solo con la asunción del nuevo gobierno de Yamandú Orsi, el pronunciamiento de la Fiscalía se hizo público, dejando en evidencia que la información fue mantenida en reserva durante meses.
El ocultamiento de este documento tenía un propósito claro: influir en la nueva administración para que mantuviera la intervención en CASMU. De haberse divulgado oportunamente, su contenido habría debilitado los argumentos de la ministra de Salud Pública saliente, permitiendo un escenario más transparente y favorable para que el nuevo gobierno tomara decisiones mejor fundamentadas.
El hecho de que la Fiscalía haya descartado la existencia de delitos contradice las declaraciones previas de varias figuras políticas que sugirieron irregularidades graves en la gestión de CASMU. La intervención y el hostigamiento financiero impuesto afectaron directamente a la institución y a sus afiliados, pretendiendo generar una incertidumbre sobre su futuro que con este pronunciamiento de fiscalía queda totalmente desmontado.
Sigue pendiente lo votado
A pesar de las expectativas de que las nuevas autoridades corrijan la opacidad y los “errores de tipeo” heredados de la gestión de Karina Rando, el acceso al Fondo de Garantía sigue sin destrabarse. CASMU continúa a la espera de la firma del Poder Ejecutivo para acceder a un fondo que fue aprobado por ley en agosto de 2024 de forma unánime y urgente. Cada día que pasa sin esa autorización, el Poder Ejecutivo incumple la voluntad soberana expresada en el Parlamento y agrava la incertidumbre en el sistema de salud.
Un giro en el conflicto de CASMU
Este nuevo escenario abre interrogantes sobre la motivación detrás de la intervención y refuerza la percepción de que CASMU fue objeto de un hostigamiento político y administrativo. Mientras tanto, la mutualista continúa enfrentando los desafíos derivados de las decisiones que se tomaron bajo premisas que, según la Fiscalía, carecen de sustento penal.
El debate sobre el futuro de CASMU y el rol que desempeñó el Estado en este proceso sigue abierto. La revelación de este documento podría marcar un punto de inflexión en la discusión y obligar a una revisión de las medidas adoptadas contra la mutualista.
