En los últimos días de la administración anterior, se otorgaron contratos a discreción y se distribuyeron fondos de manera arbitraria, perpetuando una práctica lamentablemente frecuente en Uruguay, pero que resulta inaceptable viniendo de la Coalición Republicana.
Nombramientos a dedo en el Ministerio del Interior
Uno de los casos más llamativos fue la decisión del exministro del Interior de dejar contratados, por tres años, a dos de sus asesores con cargos de comisarios. Esta situación resulta particularmente preocupante porque estos cargos suelen estar destinados a personal con formación y experiencia en seguridad, y no a funcionarios administrativos. ¿Cuál fue el criterio para esta decisión? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí queda claro es que se aseguraron puestos con buenos salarios a expensas del contribuyente.
Contratos millonarios sin licitación
Como si fuera poco, también se descubrió la adjudicación directa de un contrato de 3,6 millones de dólares a la Fundación A Ganar sin seguir los procedimientos de licitación establecidos. Este tipo de adjudicaciones generan serias dudas sobre el uso transparente del dinero público y ponen en tela de juicio la equidad con la que se reparten los fondos estatales.
Una práctica recurrente
El despilfarro de recursos y los favores políticos no son nuevos en el Uruguay, pero este episodio en particular pone en evidencia la falta de respeto por los impuestos que pagan los ciudadanos. Se aprovechó el fin del mandato para blindar contrataciones y asegurar beneficios para unos pocos privilegiados.
El costo para el país
Mientras miles de uruguayos trabajan día a día para salir adelante, el gobierno saliente se encargó de asegurarle estabilidad económica a sus allegados con dineros públicos. Este tipo de gestos no solo afectan el presupuesto estatal, sino que también erosionan la confianza de la población en la gestión gubernamental. Esto no es lo que votamos.
