La reciente elección de Yamandú Orsi como presidente ha desatado una intensa disputa por la distribución de cargos en el gobierno. Tanto desde la oposición como desde la propia coalición gobernante, todos buscan asegurarse un puesto en la estructura estatal, dejando en evidencia que la administración pública sigue siendo un botín de guerra política.
Oposición voraz: más cargos, más poder
La Coalición Republicana ha dejado en claro que no está satisfecha con la cantidad de cargos que ya ha recibido y ahora reclama al menos cuatro posiciones más. En la lista de exigencias se incluyen la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la CARU, la UNASEV y el INUMET. La justificación es la de siempre: equilibrio y representación en el nuevo gobierno. Sin embargo, esta insistencia pone en entredicho los verdaderos intereses detrás de estas solicitudes.
Salto Grande, un cargo con historia de corrupción
Uno de los cargos que más controversia genera es el de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo que ha sido centro de escándalos recientes. No hay que olvidar que fue justamente en esta entidad donde se destapó uno de los mayores actos de corrupción en el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando el exdirector Carlos Albisu, del Partido Nacional, quedó en el ojo de la tormenta por manejos irregulares. Ahora, la Coalición Republicana pretende colocar a uno de los suyos en ese mismo espacio, alimentando las sospechas sobre la continuidad de viejas prácticas.
La hipocresía del reparto de cargos
Mientras tanto, desde la oposición se critica constantemente el clientelismo político, pero en la práctica todos buscan asegurar su cuota de poder dentro del nuevo gobierno. Lo mismo ocurrió en administraciones anteriores, con ejemplos notorios en los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Lacalle Pou, quienes también repartieron cargos estratégicos a conveniencia. La historia se repite una vez más, confirmando que la política uruguaya sigue atrapada en la lógica del amiguismo y la repartija.
El costo de la politiquería
Este tipo de negociaciones no solo generan desconfianza en la ciudadanía, sino que además comprometen la eficiencia del Estado. En lugar de elegir a los mejores perfiles para los cargos clave, las decisiones se toman con base en acuerdos partidarios, dejando de lado el interés general. La lucha por los cargos sigue siendo una prioridad para la clase política, mientras los problemas reales del país quedan relegados a un segundo plano.
