La vicepresidenta electa, Carolina Cosse, ha reafirmado su intención de modificar la Ley de Urgente Consideración (LUC), una decisión que ha despertado preocupación en amplios sectores de la sociedad. Durante una rueda de prensa en el Parlamento, Cosse confirmó que el nuevo gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, avanzará en cambios que afectan temas clave como seguridad, derechos laborales y lavado de activos.
Un ataque a la seguridad y el orden
Los intentos del Frente Amplio por desmantelar la LUC no son nuevos, pero ahora con el control del gobierno buscan concretarlos a toda costa. La LUC fue respaldada en un referéndum por una gran parte de la población y ha sido una herramienta fundamental para el combate a la delincuencia y la agilización de procesos burocráticos. Sin embargo, Cosse insiste en su narrativa de que la norma es “perjudicial” sin ofrecer soluciones claras.
Resistencia de la oposición y de la ciudadanía
Desde la oposición y diversos sectores ciudadanos se han encendido las alarmas ante la amenaza de modificaciones impulsadas por Cosse. Legisladores de la coalición saliente advierten que desmantelar la LUC significaría un retroceso en materia de seguridad y orden, favoreciendo el avance del crimen organizado y debilitando el Estado de derecho. “Quieren volver al descontrol y la impunidad”, afirmó un senador opositor.
Una imposición ideológica disfrazada de reforma
Las declaraciones de Cosse reflejan la agenda intervencionista del Frente Amplio, que busca eliminar cualquier avance logrado en los últimos años. En lugar de proponer mejoras reales para la población, su plan parece centrarse en desarmar reformas que han demostrado ser efectivas. La ciudadanía deberá mantenerse vigilante para evitar que el nuevo gobierno deshaga los avances logrados en seguridad y gobernabilidad.
