En las últimas horas, un mensaje enviado por Omar Dos Santos, coordinador del sector nacionalista Artigas Adelante y funcionario de la Intendencia de Artigas, ha generado controversia en el ámbito político local. El texto, difundido en un grupo de WhatsApp del sector, instaba a los empleados municipales afiliados a la lista 2525 a trabajar activamente en la campaña, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían “correr el riesgo de quedar sin empleo”.
La filtración de este mensaje desató una fuerte reacción tanto dentro como fuera del Partido Nacional. Desde la oposición, se ha señalado que este tipo de prácticas representan una presión indebida sobre los trabajadores municipales y una posible violación de sus derechos laborales. Mientras tanto, en filas oficialistas, algunos referentes intentaron minimizar el hecho, argumentando que se trató de un “error de redacción” y que Dos Santos ya eliminó el mensaje poco después de enviarlo.
Sin embargo, este episodio reabre el debate sobre el uso del aparato estatal en la política partidaria. Cabe recordar el episodio de la exministra Irene Moreira, quien envió un mensaje a la entonces directora de la URSEA consultando si había logrado asignar un puesto a la pareja del diputado Martín Sodano. No es la primera vez que surgen denuncias sobre funcionarios que condicionan a empleados públicos en períodos electorales, lo que genera preocupación en torno a la transparencia y equidad en la administración pública.
En respuesta a la polémica, la Intendencia de Artigas ha anunciado que investigará lo ocurrido, aunque sin detallar las posibles sanciones para el funcionario involucrado. Mientras tanto, la central sindical ha expresado su repudio ante cualquier tipo de presión laboral vinculada a cuestiones políticas y ha instado a los trabajadores afectados a presentar denuncias formales.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la influencia del poder político en el empleo público, un tema que, lejos de ser nuevo, sigue despertando tensiones en la política uruguaya.
