La incertidumbre en torno a CASMU sigue siendo motivo de preocupación para sus afiliados y para el sistema de salud en general. Mientras el gobierno mantiene paralizada la liberación de la firma necesaria para garantizar los fondos que asegurarían la estabilidad financiera de la institución, surgen cuestionamientos sobre las prioridades que guían la toma de decisiones en el Ejecutivo.
Un ejemplo reciente ilustra este contraste: en los últimos días, el gobierno firmó el contrato para el proyecto Arazatí, una inversión en infraestructura hídrica supuestamente destinada a mejorar el suministro de agua potable en Uruguay. Este proyecto ha generado controversias entre diversos actores por su impacto ambiental, el costo que asumirá el Estado y las implicancias para el modelo de gestión de recursos hídricos del país.
Este proyecto fue firmado con una celeridad notable, a pesar de encontrarse en el cierre del período de gobierno. Además, las autoridades electas, que asumirán sus funciones el primero de marzo bajo la administración del Frente Amplio, ya han expresado reparos y dudas respecto al proyecto Arazatí, lo que añade un nivel de complejidad y controversia a la decisión.
En este sentido, el Presidente electo Yamandú Orsi ha manifestado su preocupación por las implicancias del proyecto Arazatí, subrayando la necesidad de evaluar los cambios y posibles impactos antes de comprometerse con una iniciativa de esta magnitud. Orsi ha destacado que, aunque comprende la importancia de garantizar el suministro de agua potable, es esencial considerar los efectos sobre el medio ambiente y la población, lo que pone de relieve la falta de consenso sobre esta decisión.
La rapidez con la que se aprobó el proyecto Arazatí ha dejado en evidencia una contradicción preocupante: mientras el Ejecutivo avanzó con celeridad en este caso, la resolución del caso CASMU parece relegada a un segundo plano. La mutualista, que brinda cobertura a 180.000 usuarios y le da trabajo a más de 6500 empleados y proveedores, enfrenta una situación de ahogamiento financiero que podría tener consecuencias directas sobre el sistema de salud en su conjunto. Esta demora no solo pone en riesgo la continuidad de los servicios médicos para sus afiliados, sino también afecta la estabilidad de un sector que es esencial para la calidad de vida de toda la población.
¿Por qué esta disparidad en los tiempos de decisión? Es una pregunta que, cada vez con más frecuencia, se plantea en el ámbito público. Si bien el proyecto Arazatí implica una inversión considerable y de largo plazo, la resolución de la situación de CASMU es una necesidad inmediata, con impacto directo en la vida cotidiana de cientos de miles de uruguayos. La falta de garantías financieras para CASMU no afecta solo a la mutualista: debilita el sistema de salud del Uruguay en su totalidad, uno de los pilares fundamentales del bienestar social.
Médicos, trabajadores de la salud y representantes de la propia mutualista han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que el gobierno actúe con rapidez para asegurar la firma de la garantía en el marco de lo que estipula una ley que fue votada por todos los Partidos Políticos con criterio de urgencia en el mes de Agosto del 2024. Una garantía que no le costará ni un peso al Estado uruguayo, puesto que CASMU se hace cargo de los pagos con sus propios activos. Sin embargo, la falta de avances concretos genera inquietud sobre los criterios que determinan las prioridades del Ejecutivo.
Es importante recordar que el sistema de salud uruguayo es reconocido por su carácter inclusivo y solidario, un modelo que requiere estabilidad para seguir funcionando de manera eficiente. Generar inestabilidad en una institución como CASMU podría derivar en un efecto dominó que afecte a otras mutualistas y servicios de salud, con consecuencias impredecibles para la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto, la interrogante persiste: ¿cuánto más puede esperar el sistema de salud uruguayo por una resolución? El gobierno ha demostrado que puede actuar con celeridad cuando así lo considera. La pregunta que queda es por qué esa misma urgencia no se aplica en el caso de CASMU, donde lo que está en juego no es solo una institución, sino el bienestar de miles de familias y la sostenibilidad de todo el sistema sanitario nacional.
