La venta de 3.207 kilos de cannabis en farmacias durante 2024 ha reavivado el debate sobre la legalización de la marihuana en Uruguay. Aunque el gobierno y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) lo presentan como un éxito, los detractores destacan el impacto negativo de esta política en la salud pública, la seguridad y los valores sociales.
La promesa de control: un fracaso evidente
Cuando la marihuana fue legalizada en 2013, se prometió que el control estatal reduciría el narcotráfico y protegería a los consumidores. Sin embargo, una década después, los resultados no son los esperados. Aunque las farmacias han vendido miles de kilos de cannabis, el mercado negro sigue siendo fuerte, alimentado por la demanda insatisfecha y precios competitivos fuera del sistema legal.
Además, la proliferación de consumidores ha generado preocupación en sectores que denuncian un aumento en problemas de salud mental, accidentes de tránsito y disminución en la productividad laboral. “La legalización ha normalizado el consumo, pero no ha resuelto los problemas asociados”, advierten expertos.
IRCCA: fomento al consumo o control real
El IRCCA busca habilitar a más empresas para la producción de cannabis, argumentando que esto mejorará la oferta y permitirá satisfacer la demanda legal. Sin embargo, detractores de esta medida alertan que lejos de regular, estas iniciativas están promoviendo el consumo. ¿Es esta la solución que Uruguay necesita, o simplemente estamos incentivando un hábito perjudicial?
El modelo actual plantea serias dudas sobre si las instituciones están priorizando el bien común o buscando convertir al país en un experimento comercial disfrazado de política pública. Uruguay, que en algún momento fue un referente en políticas sociales, ahora se enfrenta a un dilema ético: ¿es correcto legalizar y promover el consumo de una sustancia psicoactiva con claros efectos negativos?
Impacto social y cultural
La normalización del consumo de cannabis no solo afecta a los usuarios, sino también al tejido social. Los jóvenes, expuestos a una narrativa que minimiza los riesgos, son particularmente vulnerables. Estudios recientes muestran un aumento en el consumo entre menores de edad, lo que podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo.
Asimismo, sectores laborales han reportado una disminución en el rendimiento, algo que podría estar vinculado al aumento en el uso recreativo de marihuana. En lugar de combatir estos problemas, la política actual parece estar incentivando una cultura del consumo sin considerar sus repercusiones.
Hacia un cambio necesario
Uruguay debe reevaluar con urgencia su política de cannabis. En lugar de expandir la producción y las ventas, es imperativo centrarse en educar sobre los riesgos y fomentar alternativas saludables. Además, el gobierno debe enfocarse en fortalecer las políticas de prevención y tratamiento, en lugar de facilitar el acceso a una sustancia cuyos efectos a largo plazo aún no se comprenden completamente.
La legalización de la marihuana ha demostrado ser un experimento fallido que prioriza intereses comerciales sobre el bienestar de los ciudadanos. Es hora de rectificar este camino y recordar que las políticas públicas deben servir para proteger, no para normalizar prácticas que atentan contra la salud y la cohesión social.
