En declaraciones recientes, Leonel Briozzo, designado como futuro subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), afirmó que el “ministerio actual debe responsabilizarse por la situación de CASMU”. Estas palabras traen consigo la necesidad de aclarar el complejo contexto en el que se encuentra la mutualista, cuya crisis no puede desvincularse de las acciones y omisiones del propio gobierno.
El problema de fondo: asfixia económica y deudas impagas
La mutualista enfrenta una doble presión: por un lado, el gobierno ha negado la garantía necesaria para un préstamo previamente aprobado por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Esta garantía, estipulada por ley, permitiría a CASMU acceder a fondos que son imprescindibles para mantener su funcionamiento y cumplir con sus compromisos. Por otro lado, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) adeuda a la mutualista una suma que asciende a 11 millones de dólares, un monto que agrava la crisis y pone en riesgo los servicios que dependen directamente de estos recursos.
Es importante subrayar que esta situación no se limita a CASMU. Los propios representantes de ASSE han reconocido que la institución debe pagos a varios proveedores, lo que indica un problema sistémico que afecta a todo el sector. Sin embargo, el impacto sobre CASMU es especialmente preocupante debido a su tamaño y a la cantidad de usuarios que dependen de sus servicios.
De esta manera queda claro que CASMU está siendo objeto de una arremetida sistemática que involucra a diversos actores del gobierno, coordinados desde distintas esferas del poder real, como ministerios, figuras políticas e incluso ciertos sectores del periodismo.
¿Con qué objetivo? Aunque resulta complejo emitir juicios sin comprometer el honor de los involucrados, fuentes parlamentarias y del ámbito de la salud, como se ha reportado previamente en Bo TV Noticias, sugieren diversas hipótesis. Entre ellas, destaca la posibilidad de que existan otras instituciones interesadas en adquirir los activos de CASMU en una acción que, según dicen estas fuentes, remite a lo sucedido con Casa de Galicia
La salud en una encrucijada
El discurso de Briozzo también debe ser analizado a la luz de su desempeño en gestiones anteriores. Las irregularidades denunciadas en el pasado que lo involucran, como la asignación de horas de trabajo en el Pereira Rossell que nunca fueron realizadas, plantean dudas sobre su capacidad para liderar las reformas necesarias. Transparencia, eficiencia y compromiso son cualidades indispensables para enfrentar los desafíos actuales.
Un afán antidemocrático
Es insostenible el argumento de Briozzo al solicitar el desplazamiento de las autoridades de CASMU, elegidas democráticamente, especialmente cuando en septiembre de este mismo año se celebrarán elecciones en la mutualista. ¿Qué sentido tiene remover a las autoridades en este contexto, cuando la mutualista presenta balances positivos y tiene una elección inminente? Esta propuesta parece responder a intereses que desprecian los principios democráticos.
Reformas estructurales: una necesidad impostergable.
En este contexto, la llegada de Briozzo al MSP plantea interrogantes sobre su capacidad para abordar los desafíos estructurales del sistema de salud. Mientras el subsecretario designado apunta al “ministerio actual” como responsable, las decisiones que afectan a instituciones como CASMU no pueden desligarse del accionar del propio gobierno. La falta de garantías y los atrasos en los pagos no son meros descuidos administrativos, sino decisiones que reflejan una falta de voluntad para resolver los problemas de fondo.
El sistema de salud uruguayo necesita reformas profundas que garanticen la sostenibilidad financiera y operativa de las mutualistas y el sector en general. Estas reformas deben ir acompañadas de un respaldo efectivo por parte del gobierno, incluyendo el cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras.
Una oportunidad para un cambio real
La asfixia económica de instituciones como CASMU y la falta de acción gubernamental para resolver estas problemáticas representan una amenaza directa para la calidad de vida de los uruguayos. Si Briozzo realmente busca transformar el sistema de salud, debe comenzar por exigir al gobierno el cumplimiento de sus compromisos financieros con las mutualistas. Sin este respaldo, cualquier intento de reforma estará condenado al fracaso.
Es hora de que las autoridades coloquen la salud de los uruguayos por encima de los intereses partidarios. Resolver la situación de CASMU no es solo una cuestión de justicia financiera, sino un paso crucial para garantizar un sistema de salud público y privado que sea sostenible, eficiente y equitativo. El tiempo dirá si el nuevo subsecretario estará a la altura de este desafío.
