La aprobación del préstamo del BROU trae un respiro para la situación financiera de CASMU; sin embargo, las continuas demoras atribuidas al Poder Ejecutivo, consideradas por muchos actores como arbitrarias, mantienen en vilo el futuro de la mutualista.
El Banco República aprobó recientemente un préstamo financiero equivalente a más de 984 millones de pesos uruguayos (indexados), sujeto a la constitución de garantías específicas establecidas por ley. Estas garantías incluyen la cesión de créditos futuros del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y una carta de garantía del Fondo de Garantía IAMC, ambos respaldados por el Gobierno Nacional. Por ende, el desembolso de estos fondos aún depende de la liberación de la garantía estatal, responsabilidad que recae en el Ministerio de Economía. Ver más detalles en este informe de BOTV Noticias sobre las demoras del gobierno.
A pesar de la aprobación legal de estas garantías por el Parlamento en agosto de este año, cuya redacción establece de manera taxativa el mandato de “otórguese”, las demoras en su implementación han generado preocupación.
Tensiones entre la directiva del BROU y el Poder Ejecutivo
Según declaraciones recientes del presidente del Banco República, Salvador Ferrer, las decisiones relacionadas con este préstamo reflejan un complejo equilibrio entre las necesidades de la mutualista y las precauciones financieras del Estado. La abstención de Ferrer durante la votación del préstamo ha sido interpretada como una señal de tensiones entre el directorio del banco y el Poder Ejecutivo. A pesar de ello, el préstamo fue aprobado con cuatro votos a favor provenientes de representantes de distintos partidos políticos, lo que refuerza el respaldo multipartidario a la continuación de las operaciones del CASMU. Más información sobre las tensiones del proceso en este análisis de BOTV Noticias.
El papel del Ministerio de Salud Pública
La situación también pone en el foco al Ministerio de Salud Pública (MSP), que ha sido señalado por actores del sistema de salud y representantes de los prestadores de salud por su supuesta falta de apoyo en momentos críticos. En particular, se ha cuestionado la comunicación de la ministra Karina Rando, que algunos consideran contraproducente para la estabilidad institucional de la mutualista. Ver también un artículo relacionado en BOTV Noticias.
Además, desde sectores políticos y gremiales se han planteado inquietudes sobre las posibles consecuencias de una eventual desestabilización del CASMU, tomando como referencia el caso de Casa de Galicia. La liquidación de esta última implicó un costo significativo para el Estado uruguayo, que superó los 50 millones de dólares. Las estimaciones actuales sugieren que una situación similar con el CASMU podría triplicar esa cifra, lo que subraya la importancia de actuar con celeridad para evitar mayores perjuicios económicos y sociales.
Llaman a una solución urgente
Frente a este panorama, funcionarios, usuarios y sindicatos han comenzado a alzar la voz para exigir la liberación inmediata de las garantías estatales necesarias para que el préstamo pueda hacerse efectivo. El consenso entre los distintos actores es que la estabilidad del CASMU no solo es fundamental para sus más de 180.000 afiliados, sino también para el equilibrio del Sistema Nacional Integrado de Salud en su conjunto.
En este contexto, el rol del gobierno entrante también será clave. Con la transición de autoridades en marcha, se espera que las nuevas decisiones apunten a garantizar la sostenibilidad de la mutualista y evitar una crisis mayor que podría afectar a miles de uruguayos.
